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En esta sección se busca evaluar la arquitectura del sector, conformada por las entidades que intervienen en el sector. Debe establecer una atribución clara de sus responsabilidades, sin solapamientos ni zonas grises en las que no queda claro a cargo de qué entidad está una función, así como procedimientos de comunicación, colaboración y articulación entre los agentes del sector y con agentes de otros sectores relevantes.

En esta sección se busca evaluar la organización de la prestación de servicios, lo que se traduce en el número y tamaño de los prestadores de servicios, el alcance de los servicios cubiertos (suministro de agua, gestión de aguas residuales y/o gestión de aguas pluviales) y en el aprovechamiento de economías de escala y alcance. También se pretende evaluar los mecanismos existentes para promover la transición hacia una mejor organización del sector, en los casos en que ésta no sea adecuada.

En esta sección se busca evaluar la adecuación de las reglas y procesos relacionados con la gobernanza de los prestadores de servicios, en términos de titularidad y modelos de gestión de servicios que pueden utilizarse. Deben garantizar uniformidad, claridad en el alcance de los servicios, equidad y una definición clara de los derechos y obligaciones de las partes. También se evalúan los instrumentos existentes para apoyar las buenas prácticas de gobierno corporativo de los prestadores de servicios.

En esta sección se busca evaluar la planificación estratégica del sector, la cual debe materializarse en un plan nacional que proporcione las principales directrices para el sector, y los respectivos procesos de formulación, alineación, implementación, enforcement, seguimiento y revisión periódica.

En esta sección se busca evaluar el marco legal del sector, que define sus reglas de funcionamiento. Deben estar actualizadas, consolidadas, no superpuestas y claras en cuanto a alcance, objetivos, reglas, responsabilidades, incentivos y sanciones. También evalúa los procesos de consulta pública, análisis y evaluación periódica y rendición de cuentas para la implementación de los procedimientos legislativos.

En esta sección se busca evaluar la financiación del sector. Se aborda la planificación financiera y la política tarifaria de los servicios, que deben promover el principio de usuario-pagador con recuperación tendencial de los gastos, compatible con la capacidad económica de la población. Se aborda la política de subsidios al sector, cuando sea necesario, y la política de apoyo social, que permita el acceso a los servicios a las poblaciones más desfavorecidas. También se analizan los procedimientos de financiación de servicios y los procedimientos para apoyar la mejora del desempeño económico y financiero de los prestadores de servicios.

En esta sección se busca evaluar el régimen tributario, la existencia de incentivos tributarios que beneficien al sector por su carácter de servicio público esencial, y que fomenten comportamientos deseables en el uso racional de los recursos en el sector.

En esta sección se busca evaluar las reglas de acceso al mercado y los instrumentos para apoyar e incentivar la creación y consolidación de un tejido empresarial en torno a los prestadores de servicios, que presten servicios tecnológicos, de innovación, de gestión y de recursos humanos, con creación de empleo y crecimiento económico, aumento de la autosuficiencia nacional e internacionalización. También evalúa las normas y mecanismos para promover y regular la competencia en los servicios de agua y saneamiento, que son motivadores de la innovación, progreso técnico, mayor eficiencia y calidad del servicio.

En esta sección se busca evaluar los mecanismos para responsabilizar y proteger a los usuarios, apoyar la participación de la sociedad en el sector y promover la comunicación y la sensibilización.

En esta sección se busca evaluar los instrumentos de gestión de infraestructuras necesarias para la prestación de servicios. Se evalúan los instrumentos que apoyan la calidad de la infraestructura, la gestión de activos, la eficiencia en la operación de la infraestructura, la resiliencia y la circularidad.

En esta sección se busca evaluar las responsabilidades e instrumentos de apoyo a la gestión del capital humano en el sector, con el fin de crear las condiciones para atraer, retener y desarrollar talento y capacidades.

En esta sección se busca evaluar el sistema de información sectorial, que debe permitir suministrar información centralizada, confiable y actualizada sobre los servicios, con acceso público y transparente. También se evalúan los procedimientos de difusión de esta información a los tomadores de decisiones políticas, los profesionales y la sociedad, permitiendo apoyar la definición de políticas públicas, la gestión de servicios, la definición de estrategias empresariales y la comunicación con la sociedad. Se evalúan los programas existentes para apoyar la digitalización del sector. También se evalúan los mecanismos de generación de conocimiento e innovación del sector, que tienen como objetivo reforzar el conocimiento endógeno nacional y asegurar profesionales calificados con acceso a la información más actualizada.

En esta sección se busca evaluar la misión y el mandato regulatorio. Al crear el regulador, es fundamental que el Estado defina claramente estos aspectos, para que el regulador esté debidamente legitimado y pueda cumplir su función de manera efectiva.

En este bloque se busca evaluar el nivel de acondicionamiento y madurez del modelo de gobernanza del regulador, que debe permitir el cumplimiento de los objetivos propios de la regulación, con instrumentos propios para entidades que requieren una gran eficacia y eficiencia en su intervención en el sector.

En esta sección se busca evaluar el nivel de independencia atribuido al regulador, ya sea orgánica, financiera, técnica o funcional, y en términos de autonomía administrativa y de gestión presupuestaria. La independencia regulatoria permite garantizar la estabilidad y seguridad del marco regulatorio, favorecer la profesionalidad y la neutralidad política, separar el Estado empresarial del Estado regulador, evitar la captura regulatoria y facilitar la autofinanciación.

En esta sección se busca evaluar los procedimientos de transparencia, integridad, control y rendición pública de cuentas, que son fundamentales para la legitimidad del regulador, ya que no debe haber independencia sin responsabilidad en el ejercicio de las funciones públicas.

En esta sección se busca evaluar, a la luz de las responsabilidades que tiene asignadas, el nivel de adecuación de la estructura interna del regulador, es decir, de sus órganos de decisión, y de su organización interna, incluyendo la estrategia y los instrumentos de gestión del regulador.

En esta sección se busca evaluar el nivel de adecuación de los recursos disponibles para la regulación, incluidos recursos humanos, recursos financieros, recursos físicos y recursos tecnológicos.

En esta sección se busca evaluar el nivel de adecuación de los mecanismos de coordinación del regulador con los principales agentes del sector, que son fundamentales para la eficacia de la regulación y el funcionamiento general del sector.

Esta sección tiene como objetivo evaluar el nivel de intervención del regulador en su contribución a la estrategia del sector, con el objetivo de contribuir a la formulación y seguimiento de mejores políticas públicas. Si bien no es responsabilidad directa del regulador, la definición de buenas políticas públicas puede beneficiarse significativamente de la información, los análisis y los estudios que proporciona el regulador, que puede así desempeñar un papel importante en el apoyo a los tomadores de decisiones políticas para la toma de buenas decisiones de política pública.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación económica, con el objetivo de garantizar la aplicación de tarifas adecuadas, en un marco de eficiencia, promoviendo la sostenibilidad económica y financiera del prestador y la adecuación de las tarifas a la capacidad de pago de los usuarios.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación de la calidad de los servicios prestados a los utilizadores, con el objetivo de garantizar niveles adecuados.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación de la calidad del agua para consumo humano, con el objetivo de garantizar el suministro por parte de los prestadores de agua para consumo humano de calidad adecuada, de acuerdo con la legislación aplicable, en beneficio de la salud pública.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez del regulador de servicios en su interfaz con aspectos asociados a la regulación ambiental, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad de los recursos hídricos en cantidad y calidad y la protección de los cuerpos de agua y el medio ambiente en general, de manera articulada con las autoridades ambientales.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación de la interfaz con los usuarios, con el objetivo de garantizar la protección de los derechos de los usuarios, la adecuada gestión de reclamos y resolución de conflictos entre prestadores y usuarios, la participación social y la comunicación con las partes interesadas.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación en la definición, implementación y seguimiento de los contratos de vinculación de la prestación de servicios, cuando existan, en todas las etapas de su ciclo de vida.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación en la promoción y defensa de la competencia, con el objetivo de garantizar la libertad de entrada al mercado (libre iniciativa) y la libertad de competir lealmente en el mercado (libre competencia). Al contribuir a la promoción y defensa de la competencia, el regulador ayuda a generar incentivos para la calidad, presionar para reducir los precios, fomentar la innovación y evitar posiciones dominantes en el mercado.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de la regulación social, con el objetivo de contribuir a la generalización gradual del acceso a los servicios de las poblaciones pobres y al cumplimiento de los derechos humanos. La regulación social es transversal a todos los componentes regulatorios e introduce especificidades a favor de los pobres.

Esta sección pretende profundizar y evaluar el nivel de madurez de aplicación de regulación diferencial (simplificada) en zonas rurales y periurbanas, en comparación con la regulación necesariamente más compleja en zonas urbanas, en las que la provisión de servicios, las normas y los procedimientos regulatorios deben ser acordes con las características de los territorios y las características sociales, económicas y culturales de las personas que habitan estos territorios.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez del regulador en los procesos de definición de normas y evaluación del impacto regulatorio, con el objetivo de fortalecer la racionalidad y transparencia de los procesos de toma de decisiones y la participación de los actores del sector.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de los mecanismos de pronunciamiento del regulador, es decir, los mecanismos formales en los que el regulador analiza una solicitud del prestador y emite una opinión vinculante o no vinculante, con el fin de garantizar los principios de transparencia, eficacia y eficiencia de la acción regulatoria.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez de los mecanismos de supervisión regulatoria, con miras a monitorear y asegurar el cumplimiento de las leyes y regulaciones por parte de los prestadores de servicios y la promoción de mejores prácticas.

En esta sección se busca evaluar el nivel de madurez del regulador en términos de mecanismos de incentivo y sancionatorios, con el objetivo de asegurar la implementación efectiva de las reglas definidas. Uno de los principales desafíos que enfrentan los reguladores es la falta de instrumentos efectivos de incentivos y sancionatorios que permitan controlar el cumplimiento de las normas que emiten.